LAS VOCES DE LAS COMUNIDADES SOBRE SUS REUBICACIONES
NAVARRO
Los habitantes del corregimiento de Navarro no se oponen a la reubicación, sino a la forma como las autoridades han organizado la reubicación, que parece más un desalojo del territorio en el que han vivido por muchos años. Además, sostienen que dicho proceso carece de legitimidad y legalidad, pues ellos cuentan con las escrituras de sus predios. Según manifiestan, no se asentaron en el territorio de Navarro de manera ilegal. Una de las razones más importantes por las que se oponen a lo que consideran desalojo tiene que ver con la pérdida de la soberanía alimentaria en relación al río Cauca y el territorio. Ahora no solo pueden pescar sino también tener animales para su autoconsumo, sembrar sus propios alimentos y, con el trabajo de extracción artesanal de arena del río, automantenerse. Pero la reubicación propuesta por las autoridades locales desconoce y arrebata a la comunidad estas condiciones para la autosubsistencia, siendo entonces ese proceso precario y descontextualizado al que ellos se oponen. Lo que piden es un lugar en el que puedan desarrollar lo que denominan “fincas productivas”: casas con el suficiente espacio para poder desarrollar sus actividades productivas. Aseguran que si hubiesen garantías en este sentido, no se opondrían a la reubicación.
Para los habitantes de Navarro, existe una relación ente la reubicación y la supuesta construcción de un proyecto ecoturístico financiado por una alianza gubernamental colombo-holandesa. Este proyecto, acompañado del trato criminal y discriminatorio que han recibido, hace que los habitantes de Navarro perciban la reubicación como un desalojo, el cual responde más a intereses económicos que al bienestar de la comunidad. Según nos contaron, aunque actualmente cuentan con un permiso de extracción de arena en el río Cauca vigente por 30 años, la gobernación y el ESMAD han incurrido en detenciones arbitrarias a las personas que desarrollan esta actividad. Además, la comunidad también se ha visto afectada por las dinámicas agroindustriales de los ingenios cañeros que rodean su territorio, pues las frecuentes fumigaciones han acabado con muchos de sus cultivos, que en estos momentos se encuentran en la zona en la que, se supone, serían reubicados: los ejidos.
Por último, hacen un llamado a la eliminación de estereotipos basados en la generalización. Para ellos, la experiencia de Navarro es la de un corregimiento que nació, incluso, mucho antes de que Cali se expandiera hacia el oriente. Su historia territorial es mucho más antigua que la del Distrito de Aguablanca. En esas generalizaciones, que desconocen las particularidades en los procesos de asentamiento, se desarrollan ejercicios de violencia simbólica(1) que popularizan una imagen sesgada y homogeneizadora de la población, desconociendo sus condiciones específicas de vida, necesidades e intereses particulares (López; Mera, 2016, p. 13).
(1) Para Giroux (1993), la violencia simbólica se refiere a la imposición de significaciones de una cultura hegemónica sobre otra que no lo es. Su efecto es la desvalorización y el empobrecimiento de cualquier otra forma cultural, y la sumisión de sus portadores (p. 17).
LAS VOCES DE LAS COMUNIDADES SOBRE SUS REUBICACIONES
LAS PALMAS
“Nosotros no nos negamos a la reubicación, nosotros nos negamos a la forma como sacan a la gente a la calle”
Flor María Valencia, representante legal del Consejo Comunitario Raizales.
Al igual que los habitantes del corregimiento de Navarro, la comunidad de las Las Palmas no se niega a la reubicación sino a la manera como las autoridades locales han desarrollado el proceso. Sienten que no han sido escuchadas a pesar de su voluntad y disposición para encontrar salidas que beneficien tanto a la comunidad como a las autoridades locales. Manifiestan que han dialogado con funcionarios de entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, la Alcaldía Municipal y la CVC, pero lo que han encontrado ha sido oídos sordos que no reconocen sus derechos como Consejo comunitario de comunidades negras urbanas.
La líder social, Flor María Valencia, nos comentó que uno de los graves problemas de la reubicación han sido las condiciones de los lugares donde piensan reubicarlos. Son espacios muy pequeños e inhabitables. Por otro lado, denunció que algunos funcionarios están engañando a los habitantes con promesas de pagos de arriendo, subsidios y apoyos económicos. Una vez desalojan el predio, los funcionarios incumplen con lo prometido y dejan a las personas en la calle. En otros casos, los desalojos se realizan de manera violenta con asistencia de las autoridades policiales. Denuncian, también, que entidades públicas como Bienestar Familiar influyen en el proceso de desalojo amenazando con llevarse a los menores que se encuentran en la vivienda.